La pregunta se la hizo Hugo Chávez a sus seguidores y adversarios al momento de asumir la presidencia de la República el 2 de febrero de 1999. El pasado jueves la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz las recordó  ante las cámaras de televisión. ¿A quién se le hace esa pregunta esta vez?

Imitando a quien fuera su líder y creador de este socialismo, Maduro cada vez que se le quiere dar un zarpazo a los derechos humanos, emitir un decreto descabellado, lo hace levantando en la mano derecha el librito azul en el que duerme la letra Constitucional. El gesto pareciera hacerlo como buscando el aval a una medida abiertamente fuera del derecho y el reconocimiento que una vez el pueblo le ofreció su líder fallecido.

No es que Hugo Chávez no violara la Constitución, claro que lo hizo  cuando era necesario, pero Maduro y su grupo prácticamente le han dado muerte al texto Constitucional y con él al llamado legado que les heredó Hugo Chávez.

Pero lo más relevante de esa violación ha sido desconocer un principio en el cual basaron toda su ideología y legitimidad desde que asumieron el poder en 1999: “el poder está en el pueblo”. Ese concepto con distintas modalidades como “democracia participativa y protagónica” “el poder originario está en el pueblo” “soberanía popular” y de hecho, en aquellos años  de euforia chavista, con el apoyo de al menos 56% de la población, se aventuraron a crear una nueva Constitución a imagen y semejanza del proyecto de Hugo Chávez, justamente basada en el reconocimiento que les daba “el pueblo”.

El día jueves la Fiscal General de la República le salió al paso a la pretensión de Nicolás Maduro de hacer una nueva Constitución sin acudir a la consulta popular y al veredicto aprobatorio que le corresponde al pueblo según la Constitución. Nos referimos a la sentencia del TSJ que certifica que no es necesario preguntarle al pueblo si quiere cambiar y aprobar una nueva Constitución.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz, se ha convertido en una piedra en el zapato para Nicolás Maduro en su pretensión de imponer un modelo protegido de la consulta popular y en el que los poderes públicos como la Asamblea Nacional y la propia Fiscalía queden definitivamente sometidos al poder del Presidente

En su declaración del jueves, la fiscal citó el discurso de Hugo Chávez del 2 de febrero de 1999 con ocasión a la toma de posesión como Presidente:

Decía Hugo Chávez: “Convoquemos la soberanía popular para que ejerza su voluntad absoluta. Pero ¿acaso le tenemos miedo a la soberanía popular?  ¿No hablamos de democracia pues? la soberanía  no es nuestra, no es del Presidente  de la República, del Congreso de la República, no es del Consejo Supremo de Justicia (ahora TSJ) ni de los tribunales. El  único soberano aquí en la tierra es el pueblo, en la tierra venezolana, ese es el pueblo, no hay otro, en consecuencia es el pueblo el que debe participar  y no ser reducido a una mínima expresión”.

Ese texto leído frente a las cámaras de televisión no fue sólo una mención dirigida a recordar el pensamiento con el que Hugo Chávez llegó a la Presidencia en 1999 (¡Ah!, con el voto popular) pues el pueblo venezolano lo conoce y lo tiene arraigado en sus genes.

La declaración de la Fiscal Ortega fue un mensaje dirigido al propio Nicolás Maduro quien desde que Chávez le legó el poder ha desconocido sistemáticamente la Constitución a parte de los efectos colaterales que ha tenido su actuación como la ruina económica del país.

También fue un mensaje a los militares venezolanos quienes han protegido y avalado la usurpación del poder Constitucional a la Fiscalía en los asesinatos por manifestaciones, así como la eliminación de funciones de la Asamblea Nacional.

Pero su declaración de ayer apunta a que la violación a la Constitución más significativa del régimen madurista ha sido la desaparición del poder popular, de la soberanía popular y la eliminación de la “democracia participativa”.

Hugo Chávez se la jugó en 2004 y perdió cuando pretendió enmendar la Constitución y la sometió a la consulta popular. Nicolás Maduro no quiere correr ese riesgo, de allí que con su nueva carta magna creará un nuevo orden jurídico donde no habrá elecciones libres, secretas y universales.

Que se opongan a ese proyecto los juristas especializados, los analistas o los constitucionalistas, se comprende. Pero que lo advierta la fiscal Luisa Ortega Díaz, una mujer que ha estado del lado de la revolución, cobra gran importancia e indica que en el chavismo se han ido sumando voces importantes que no desean que el país y la Constitución democrática se vayan por el abismo de un régimen totalitario.

Twitter @folivares10

Anuncios