El artículo 184 del Código Penal señala que “El funcionario público que con abuso de sus funciones o que faltando a las condiciones o formalidades establecidas en la ley, se introduzca en domicilio ajeno o en sus dependencias, será castigado con prisión de cuarenta y cinco días a dieciocho meses.”

“Si el hecho fuera acompañado de pesquisas o de algún otro acto arbitrario, la prisión será de seis a treinta meses.”

“Si consta que el culpable ha obrado por causa de algún interés privado, las penas se aumentarán en una sexta parte.”

Preguntamos a los juristas, a los jueces del país, al ministro de Justicia y a las autoridades:

¿Qué pasa cuando ese funcionario entra irrumpiendo con una tanqueta blindada, arrasando con portones de un conjunto residencial y cuanto vehículo estacionado encuentra a su paso?

¿De cuánto es la pena cuando en la tanqueta van varios funcionarios  disparando sus armas contra los ventanales de los departamentos, lanzando bombas químicas esparciéndolas indiscriminadamente sin tener en cuenta niños ancianos o enfermos?

¿Se podría considerar un “acto arbitrario”? ¿Abuso de sus funciones?

¿En cuál parte del código se indica el tipo de delito cuando el funcionario tumba la puerta del departamento de una familia, rompiendo la reja con una sierra eléctrica, dispara en la cara a la pequeña mascota de la familia, se lleva el dinero y carga con cuanto alimento hay en la nevera?

¿Cuál es el delito en el que incurre el funcionario que luego de derribar una puerta y sin que medie una acusación, orden de allanamiento o de arresto ingresa de manera violenta a un hogar y se lleva a la fuerza a dos o tres miembros de la familia arrastrándolos por el piso?

¿En qué parte de la ley está establecido que los funcionarios policías y militares pueden organizarse para atacar a la población civil apoyados con grupos armados civiles organizados en colectivos, disparar, asesinar, herir, robar y destrozar inmuebles y vehículos de manera indiscriminada?

¿Por qué las autoridades y el ministro de Interior y Justicia dicen que todas esas actuaciones en Montalbán, en La Candelaria, en Mérida, en San Antonio, en Táchira en Barquisimeto y en varios poblados del país con tales conductas son apegadas a la ley?

Tal vez todas esas acciones luego de que sea aplicada la Nueva Constitución Comunal estén claramente y perfectamente establecidas en un nuevo Código  Penal que redactarán los juristas comunales, que a semejanza, por ejemplo, de las leyes de Corea del Norte, el que proteste por alimentos, por medicinas o reclame derechos, es considerado un terrorista y como tal, las autoridades policiales y militares tienen la autoridad legal de reprimirlo, de aplicar cualquier acción de fuerza sobre el ciudadano que no acate la voluntad del Presidente comandante.

Pero al parecer ya no hace falta la Constituyente para darle legalidad a la violencia. No hace falta hacer cambios para actuar violando y desconociendo la Constitución creada por el régimen de Hugo Chávez. Ésa sobre la cual el difunto Presidente dijo que estaba blindada y que para “cambiarle aunque sea una coma” había que consultar al pueblo. ¿Es así señores funcionarios?

Twitter: @folivares10

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