Aníbal Sánchez, analista político y experto electoral, acompañado por el abogado Carlos Jiménez, solicitaron al Ministerio Público el inicio de una investigación, por considerar que el Consejo Nacional Electoral, CNE, “dio un Golpe de Estado” cuando inició el proceso para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC propuesta por el presidente Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo.

Explicó Sánchez que el modelo adoptado por las rectoras y que fuera presentado por la Comisión presidencial, donde se estipula un proceso electoral en ámbitos de sectores y subsectores, “viola los caracteres reconocidos del sufragio” como son su forma libre, universal, directa y secreta, estipulados en el artículo 63 de la Carta Magna.

Advirtió que el derecho a elegir y ser elegido como forma de participación directa o indirecta mediante sus representantes; es un principio recogido en la mayoría de las constituciones de los países democráticos y en el caso de Venezuela, se establece en el Artículo 62. “El diseño de esta constituyente menoscaba los Derechos Humanos de los ciudadanos y vulnera tanto el derecho a la participación como el ejercicio de la soberanía popular cuando se pretende convertir este proceso constituyente en una elección de segundo grado”.

Para Sánchez, al realizar una elección para escoger los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, se violentó el Derecho Humano del Sufragio contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en París el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 Artículo 21; y posteriormente en la Numero 220, en su Artículo 25.

Por su parte, el abogado Carlos Jiménez, señaló que las rectoras Tibisay Lucena, Socorro Hernández, Tania D’Amelio y Sandra Oblitas incurrieron presuntamente en el “delito de conspiración” en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tipificado en el artículo 143 del Código Penal, numeral 2. “Queda claro la presunción de la violación del Derecho Humano del sufragio, lo que vulnera flagrantemente la soberanía del pueblo venezolano”.

Enfatizó que con esta acción del Consejo Nacional Electoral, “se estaría menoscabando la institucionalidad establecida en el Estado Venezolano, es decir, el marco jurídico de sucesión en el poder vigente con anterioridad nacida del sufragio universal y propio de un Estado de Derecho”, concluyó.

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